La Agencia Tributaria ha decidido aplazar hasta enero de 2026 la obligación de que todas las empresas con ingresos anuales inferiores a 6 millones de euros remitan automáticamente sus datos de facturación al fisco. Este retraso sugiere que la obligación de emitir facturas electrónicas para pymes y autónomos podría posponerse hasta 2027 o incluso más allá, dependiendo de la aprobación del reglamento necesario para su implementación.
Esta transición a la facturación digital fue propuesta originalmente en la Ley Crea y Crece de 2022, con el objetivo de eliminar gradualmente la facturación en papel. El propósito es crear un sistema digital que facilite la transparencia y permita un mayor control sobre los pagos entre empresas y proveedores, reduciendo así la morosidad y mejorando el flujo de caja de las pequeñas y medianas empresas. No obstante, el proyecto ha encontrado obstáculos y aún necesita un Real Decreto que defina el reglamento para que la obligación pueda entrar en vigor.
Es importante destacar que esta medida es distinta de la establecida en la Ley Antifraude de 2021. La Ley Antifraude, que se implementará en 2026, exige a las empresas con ingresos inferiores a 6 millones de euros enviar datos esenciales de sus facturas, como el emisor, la fecha y el importe, de forma inmediata al fisco, aunque no obliga a que la factura se emita digitalmente.
Para apoyar la adopción de la facturación electrónica y reducir los costos de implementación para pymes y autónomos, la Agencia Tributaria anunció en 2023 el desarrollo de una aplicación gratuita, especialmente pensada para los pequeños negocios. Recientemente, el PSOE incluyó una enmienda en la Ley del Impuesto Mínimo del 15% de Sociedades, con el fin de fortalecer esta herramienta pública y permitir su uso por empresas de cualquier tamaño o facturación.
Con estos cambios, el gobierno busca no solo fortalecer el control tributario, sino también facilitar la transición digital para el sector empresarial, ofreciendo opciones tanto públicas como privadas. Las empresas que opten por usar sistemas privados de facturación electrónica deberán remitir a Hacienda una «copia fiel» de cada factura y su comprobante de pago, asegurando así la transparencia y el cumplimiento fiscal.
